PROSPECTIVA ESTRATÉGICA: IMPLEMENTACIÓN EN LAS IE DOMINICANAS (II)

Tras el contexto reflejado por las cinco hipótesis planteadas en la publicación pasada, relativas a las principales causas que perjudican y obstaculizan la implementación de la prospectiva estratégica en el sector público dominicano, tras realizar una observación minuciosa respecto de la repetición o aparición de síntomas conexos a las mismas, su reincidencia y el período en que ocurren, tenemos los siguientes resultados.

Los 3 principales prejuicios que existen en la ciudadanía respecto de la problemática para la implementación de la prospectiva estratégica en el país giran en torno a la ausencia de una agenda política de desarrollo o un proyecto de Nación a mediano y largo plazo, que sea consensuada por todos los actores del sistema político, donde se comprometan a su ejecución irrestricta.

Reflexionando sobre ese elemento, podemos aportar los siguientes factores:

a) La sociedad no confía en la voluntad política para llevar a cabo proyectos que sean de interés social (a menos que hayan intereses particulares envueltos), por lo que entiende que todo proyecto contenido en el marco de una prospectiva estratégica es parte de una promesa electoral que difícilmente será cumplida.

b) Tampoco se cree que los partidos y agrupaciones políticas sean capaces de llegar a un consenso y poner en ejecución una “Estrategia Nacional de Desarrollo” a largo plazo, pues conocen las ambivalencias del sistema, los juegos con la voluntad popular y la carencia de mecanismos efectivos que le permitan a la sociedad civil exigir el cumplimiento de lo pactado a favor del bien común durante los cambios de gestiones de gobierno.

c) Al estar algunos miembros de la sociedad prestando servicios al Estado a través de sus instituciones públicas, y saber que la falta de profesionalización en la carrera administrativa los mantiene en posiciones de libre nombramiento y remoción permanentes, son estos los primeros individuos a quienes se les dificulta comprometerse con planes estratégicos, pues saben que cada cierto tiempo, o dependiendo de los aires políticos, pueden dejar de pertenecer a una institución o cambiar de una posición a otra con extrema volatilidad, lo que no permite el perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos, su implementación e innovación. Así, estos individuos, que son parte de las instituciones, pero que también conforman la sociedad, permanecen escépticos respecto de los cambios que se suscitan en sus propios organismos y de los cuales ellos son piezas fundamentales. Y este sentimiento lo transmiten a la sociedad en general, que al ver la reacción de quienes forman parte de la administración pública respecto de sus propios procesos estratégicos, no les queda que rechazarlos y perder total confianza en lo que se implementa.

A nivel general, para enfrentar estos prejuicios, deben asumirse compromisos políticos que no puedan ser variados más que por situaciones coyunturales de peso, y que cuenten, así mismo, con el consenso de quienes los aprobaron. Debe incentivarse (como ya se ha iniciado) la celebración de cumbres de Estado, que versen sobre los asuntos cardinales que nos preocupan, y donde más que insumos e informes técnicos puedan ser extraídas acciones puntuales a implementar en los planes de prospectiva estratégica. Por último, promover mecanismos de control ciudadano sobre las acciones y decisiones de los poderes del Estado, para que la sociedad sienta que puede frenar y poner contrapesos (más que electorales) a las prácticas cotidianas que no estén alineadas con la prospectiva; y debe hacerse un esfuerzo sobrehumano por implementar en todas las IE la carrera administrativa, a modo de garantizarles a los servidores la continuidad en su profesionalización y en su involucramiento en las tareas estratégicas que se hayan definido institucionalmente, eliminando la falta de compromiso y el escepticismo de este importante conglomerado de la sociedad, que eventualmente se transmite a toda la ciudadanía.